La entelequia a la que llamamos de forma genérica Internet, nos da (o nos dio) la posiblidad de comunicarnos, expresarnos y actuar de una forma libre e independiente, llevando a la máxima expresión a ambos términos, por encima de las barreras del Mundo Real. No obstante, tanto nuestos representantes políticos como ciertos lobbies procedentes de la industria discográfica y la gestión de los derechos, están haciendo presión y entrometiéndose en competencias que le corresponden exclusivamente al poder judicial.

Sin embargo, no hay mas que realizar una reflexión a raíz de lo que nos ofrecen los lector de feeds últimamente. No hay metablog, blog o servicio de noticias que no muestre su preocupación por la tendencia negativa en cuanto a la limitación y vulneración de los derechos que respetan y blindan nuestra posibilidad de ser ciudadanos libres y responsables de nuestros actos, dentro y fuera de la Red. Para ello una muestra de las noticias y leyes más relevantes:

-Putin pretende dejar establecidas las directrices para un control de lo que se publica a través de Internet en Rusia.

-Aquí en España, podríamos a estar expuestos a sentar las bases de un modelo de censura online en Occidente (¿Inquisición 2.0?) si se aprueba la reforma de la LISI (especialmente problemático es el artículo 17 bis). Este apunte dejaría en papel mojado el punto 20.5 de la constitución española del 1978 que dice lo siguiente: como muy bien nos apuntan.

Actualmente existe la LSSI, la cual quedará sustituida por el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Sociedad de la Información más conocido por sus siglas LISI. En ella se estipulan nuevos parámetros que recortan y vulneran derechos fundamentales como es, por ejemplo, la privacidad de las actividades que cada ciudadano realiza desde su terminal.

El diario 20 Minutos en su edición digital ha publicado varios artículos al relacionados con esta problemática, el último titulado "Las operadoras se niegan a ser "la policía" de los derechos de autor en internet" donde se resalta lo siguiente:

• El Gobierno exigirá a las operadoras de telecomunicaciones un informe anual sobre los contenidos compartidos en red por sus clientes.

• Las operadoras se quejan ya que e muchos casos no ven relación entre vulneración de los derechos de autor y el compartir contenidos por internet.

Las propias compañías de telecomunicaciones advierten el articulado afecta los derechos fundamentales de la libertad de expresión y el secreto de las comunicaciones, porque les convertiría en "guardianes" de catálogos de derechos sobre obras en las que pueden no tener ningún interés, lo que podría causarles serios inconvenientes respecto de sus clientes. Asimismo, los operadores afirman que el nuevo artículo pretende introducir una garantía judicial sin contenido real, ya que tras presentar las diligencias no hay que esperar a que el Juez dictamine su procedencia o improcedencia.

El gobierno central aprobó este Anteproyecto de Ley el pasado 13 de abril. Al menos uno de los aspectos "positivos" es que finalmente no se incluyó el artículo 17 bis, por tanto, la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE) no verá aumentado aún más su poder, dentro de las políticas estatales. Lo más irónico de todo este asunto, es que la SGAE es una organización sin ánimo de lucro, sin embargo, por alguna razón no declarada tienen un gran poder que influencia a la totalidad del Congreso de los Diputados, que votan en bloque a favor de todas las propuestas de esta entidad privada. Gracias a esto a día de hoy en España, todo los soportes de grabación y reproducción que puedan contener material protegido por derechos de autor, también conocidos como copyright, deben pagar un canon compensatorio que pagan tanto las empresas que producen estos soportes, como el propio consumidor y/o usuario.

Otros de los aspectos positivos es que se respetará y se tratará a los usuarios de forma igualitaria, independientemente del software que utilicen como nos explican en Kriptópolis:

"(...) ahora la ley contempla la inclusión del derecho de la ciudadanía a la elección de software, e incluye dos cuestiones básicas: fomentar y garantizar la adopción de estándares abiertos por parte de las AA.PP y que las personas puedan tener igualdad de oportunidades al relacionarse con la Administración independientemente del software que utilicen."

-La autocensura en la blogosfera (tanto hispana como internacional) está siendo una de los debates más encendidos tenor de lo que se está produciendo, por tanto, me quedo con el final del post de Enrique Dans, acerca del debate suscitado por las recomendaciones cívicas de Tim O’Really:

Me sigue pareciendo perfecto que se desarrolle un código ético, y precisamente por su propia naturaleza: voluntaria, de referencia, de marco conceptual. Nunca de ley. Ni mucho menos de censura. Una palabra con la que hay que tener mucho, muchísimo más cuidado. Por favor, no la usemos en vano.

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